Autoridades en la mira: Crimen organizado en México
La capacidad de las autoridades queda en duda después de un secuestro en el municipio de Nezahualcóyotl a plena luz del día. Las personas se preguntan si se trata de ineficiencia o complicidad con el crimen organizado.
Por Jessica Yaderi Rojas Muñiz
Los grupos criminales siguen ejerciendo un amplio control territorial y social, pese a la presión gubernamental. Según la página InSight Crime, algunos grupos han aumentado la sofisticación de sus operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero, mientras que otros han desarrollado prácticas más depredadoras, como las desapariciones forzadas y la extorsión. Aunado a esto, la respuesta de las autoridades y la seguridad local a los reportes realizados sobre crimen organizado es extremadamente lenta. Las personas no pueden hacer nada más que pensar en la posible complicidad de las autoridades con el crimen organizado o, en su defecto, la ineficiencia que estas demuestran ante situaciones de riesgo tan graves para la población.
A inicios de agosto del 2024, ocurrió un secuestro múltiple en el municipio de Nezahualcóyotl. Se llevó a cabo a plena luz del día y según las autoridades los criminales se identificaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El incidente logró colocar a las autoridades locales en el centro de la opinión pública, ya que se consideró que el cártel opera con demasiada facilidad. La calle en la que sucedió el secuestro es bastante transitada; aun así, es conocida por su alto índice de delitos relacionados con el crimen y el narcotráfico. La policía local no respondió inmediatamente a la operación, lo que levantó sospechas de corrupción en las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2024, "el aumento de los niveles de delincuencia organizada en México ha sido visible no solo en estas cuatro actividades generadoras de ingresos, sino también en el aumento de las tasas de homicidios y violencia extrema en el país." También se menciona que esto se debe en parte a la estrategia del gobierno de buscar y sofocar las operaciones de los grupos delictivos organizados, persiguiendo y arrestando a sus líderes. Durante la última década, varios grupos dominantes se han visto fragmentados, sin embargo, este plan sigue sin ser suficiente para detener o minimizar los crímenes de estos cárteles.
Según la página de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, afirmó que la ineptitud o complicidad de algunas autoridades con el narcotráfico dificultan detectar la relación de funcionarios públicos con el crimen organizado. Del mismo modo, informó que el excomandante Iván Reyes Arzate se entregó a la Fiscalía de Chicago, en Estados Unidos, para ser investigado por obstrucción de tareas de inteligencia y nexos con el narco. Lo que prueba que hay servidores públicos involucrados en este tipo de operaciones ilegales.
Como se indica en el informe mundial 2024 en la página de Human Rights Watch, el sistema de justicia no suele exigir responsabilidades por los delitos violentos y las violaciones de los derechos humanos. Así mismo, la idea de reforzar la Guardia Nacional y dejar a los militares al mando, deja a las personas preocupadas, ya que en 2022 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1.005 denuncias contra el ejército y la Guardia Nacional, y esa cifra ha sido la más alta en años.
La falta de acción por parte de las autoridades ante todos estos incidentes no resueltos refuerza la percepción de que el crimen organizado está por encima de la ley o colaborando con ella.